El Estado soy yo: que se caguen los pobres

Gildo Insfrán: el enquistado parásito del peronismo argentino.

La pandemia empoderó la rebeldía de Formosa, que hoy impone un criterio propio para acceder a la provincia. No es sanitario. Ni siquiera legal. Ni un hisopado negativo ni la doble –y tan auspiciada– vacunación contra el Covid-19 son suficientes para moverse con libertad sin pasar por una cuarentena obligatoria en un centro de aislamiento gubernamental.

"Ni las dos vacunas me salvaron. Trabajo en un centro de salud, recibí la doble dosis de Sputnik V y no me dejan pasar. ¿A quién voy a contagiar?", se lamentó Rubén Godoy, de 53 años, mientras esperaba frente a la comisaría de Puerto Eva Perón, del lado chaqueño del río, que las autoridades formoseñas habilitaran a su mujer a cruzar el puente para salir de Mansilla, adonde había viajado a visitar a un familiar. "No hay criterio. Esto va más allá de una cuestión sanitaria". Mansilla es la localidad predilecta para entrar a Formosa: se llega por la ruta nacional 11, que conduce a la capital provincial y a Asunción del Paraguay. Además, está a 40km de otro acceso a Paraguay, el paso Colonia Cano, hoy cerrado.

Sobre el puente interprovincial, se improvisaron un refugio de madera y otro de chapa, con dos pupitres escolares que hacen de mesa, un dispenser de agua y algunos enchufes para cargar celulares. Por el calor del mediodía del viernes, el oficial Ayala abandonó los puestos y buscó refugio unos metros más adelante, bajo la copa de un árbol, en donde se acomodó en una reposera de cintas plásticas, azules y blancas.

"La directiva es que tramiten sí o sí el permiso de ingreso y se pongan en cuarentena, como lo hacen todos los que quieren entrar", indicó un policía formoseño.

Luego de consultar al Consejo y al comisario a cargo, la decisión policial se mantendría igual durante toda la tarde. También, al día siguiente. "El permiso se debe tramitar del otro lado del puente, en el Chaco. Nadie puede frenar acá", agregó el comisario, y advirtió que podían pasar varios días sin recibir una respuesta a la solicitud: "Mínimo tres, dependiendo de la situación. El Consejo asignará una fecha y hora de ingreso".

Se entra a Formosa, ante la condición innegociable de que "la persona autorizada acepta cumplir una cuarentena obligatoria en un Centro de Alojamiento Preventivo, de acuerdo a los criterios y directivas de las autoridades competentes, suscribiendo a su arribo el consentimiento informado correspondiente", según se detalla en la página web del gobierno provincial.

Ni un testeo rápido y un PCR –ambos con resultado negativo–; ni un certificado único de libre circulación nacional habilitado; ni una acreditación periodística; ni cinco llamadas y múltiples mensajes de WhatsApp al ministro de Gobierno, José González; ni otros cinco intentos telefónicos fallidos e intercambio de mensajes con el colega y subsecretario de Medios de Insfrán, Sergio Recalde; ni un ida y vuelta de mensajes con Julián Bibolini –epidemiólogo asesor del comité de emergencia de Covid-19–, ni el llamado, sin respuesta, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fueron suficientes para adaptar, en pos de la libertad de información, la cláusula provincial que exige la puesta en cuarentena.

El gobierno de Insfrán sí había hecho la excepción para recibir al secretario de Derechos Humanos nacional, Horacio Pietragalla, que viajó a la provincia después de la repercusión pública que tuvieron las denuncias sobre malos tratos, arbitrariedades y condiciones insalubres en los centros de aislamiento que gestiona la provincia.

"Los protocolos están en la página", "los ingresos se hacen cumpliendo el protocolo", fueron las únicas respuestas recibidas, tras probar acceder a Formosa dos veces por Mansilla, y una por la localidad de El Colorado, 150 km al oeste.

Incluso con permiso emitido, los obstáculos continúan. "Yo tengo mi hisopado negativo y mi permiso, pero, como no tengo dinero, me vine a dedo y no me dejan pasar caminando.

Las decisiones del gobierno de Insfrán hacen eco en las provincias linderas, que asumen responsabilidad por las personas varadas. Al mismo tiempo que alegan "flexibilizar" el acceso, la barrera de paso se ensancha, y los formoseños que no tienen permiso, quedan retenidos cada vez más lejos de su lugar.

El despliegue de recursos chaqueños en pos de la provincia vecina no se limita a la atención en los pasos fronterizos, sino que se traslada a Resistencia, la capital de Chaco, ubicada a 100 kilómetros del acceso a Mansilla. En Laboratorios Chaqueños, gestionado por capital mixto, que se ubica al lado del Hospital Perrando, se canalizan los hisopados de unos 20 formoseños por día, muchos de ellos rebotados en la frontera por no presentar el estudio.

"Acá hisopamos a todo aquel que quiera salir de Chaco. Hacemos testeos a 200 personas por día, pero el mayor problema son los formoseños, porque no podemos hacerles un hisopado rápido. El gobierno de Insfrán les exige un PCR, que cuesta cuatro veces más que el test rápido. El costo lo asume la provincia de Chaco", explicó a la nacion una fuente del personal del laboratorio, cercana al gobernador chaqueño Jorge Capitanich. Según la fuente, la destinación de recursos chaqueños a la provincia vecina radica en evitar "llegar a un choque" entre los gobernadores. "Capitanich nunca estuvo de acuerdo en lo que hace Gildo".

El gobierno de Alberto Fernández juega con el margen que le dio la visita a Formosa de Pietragalla y el recibimiento, en Buenos Aires, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a la organización Amnistía Internacional, que denunció violaciones de derechos humanos en la provincia.

El gabinete de Insfrán maquilla flexibilidad en el acceso a la provincia, pero, entre otros derechos, sigue impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión. Los medios enfrentan restricciones muy fuertes para hacer una cobertura del lugar, sin intervención del Estado nacional. Lo dijo la fuente del laboratorio: "Al caudillo no lo baja nadie. No te metas con el Caudillo, porque se arma despelote".